Señales del debilitamiento de la economía: aumentan las quiebras de empresas entre enero y agosto

En lo que va del año, ya se han registrado 831 empresas que han pedido su quiebra en el país. De acuerdo al último boletín de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entre enero y agosto hubo un 18% más de liquidaciones de activos de empresas deudoras que en el mismo periodo de 2022.

De estos, la mayoría fueron encabezados por la Región Metropolitana con 47,1% de los casos, seguido por Valparaíso con 9,1%, Araucanía (8,2%), y Biobío (7,1%).

De acuerdo al superintendente del ramo, Hugo Sánchez, “pese al incremento, las cifras de liquidaciones de empresas siguen estando muy por debajo de los valores alcanzados durante la prepandemia”. Esto ya que se registró una contracción desde 1.824 casos en el total de 2020 a 1.037 en 2022. 

¿La explicación de estas cifras? Sánchez señala que entre los argumentos que emiten los propios dueños de las empresas ante tribunales están los efectos de la pandemia y las repercusiones de factores externos, como los conflictos internacionales, el encarecimiento de los créditos y el aumento de la inflación, lo que se ha traducido en alzas en costos fijos, como el sueldo, y en costos variables, como la compra de insumos y productos. 

Además, el superintendente también apunta a la falta de educación financiera que existe entre las personas y las empresas de menor tamaño. “Lo que genera la incapacidad de no poder detectar a tiempo cuándo están entrando en una situación de insolvencia y cuando las señales son ya notorias - incumplimiento de pago a proveedores, de cotizaciones sociales de trabajadores, entre otros-, solo queda como opción la liquidación de bienes”, explica. 

Renegociaciones

El boletín de la Superir también arroja que se registraron 35 reorganizaciones en los primeros ocho meses del año, lo que significó un incremento interanual de 21%. Del total de casos, el 71,4% estuvieron concentrados en la Región Metropolitana y 28,6% al resto del país. 

Sin embargo, el alza más grande la marcó el procedimiento de la renegociación de deudas: hasta agosto se anotaron 430 casos, lo que significa un aumento de 216% en comparación a 2022. 

De acuerdo a Sánchez, los incrementos de casos iniciados comenzaron a observarse en el último trimestre de 2022 y en lo que va de 2023: “Todos los meses superan la cantidad de casos iniciados en el mismo periodo de 2022”, enfatiza el directivo.

Por otra parte, también se contabilizaron 1.584 liquidaciones de personas deudoras, una cifra que no tuvo mayores variaciones respecto al año anterior, ya que entre los mismos meses de 2022 hubo 1.588 casos. Las razones de estos casos, explica el superintendente, también son en relación al factor de la inflación y el encarecimiento de los créditos. 

Nueva Ley de Quiebras

En este contexto, Sánchez destaca las alternativas que ofrece la nueva Ley de Quiebras -Ley N° 21.563- para superar un sobreendeudamiento. 

Apunta que en el caso de las quiebras de empresas, cerca de un 40% de las solicitudes fueron hechas por personas naturales que emiten boletas de honorarios, a quienes la antigua Ley 20.720 les impedía optar por una renegociación, que además tenía un alto costo. 

“En este contexto, la nueva ley eliminó ese requisito y desde el 11 de agosto las personas que emiten boletas de honorarios ahora pueden acceder a la renegociación, trámite gratuito y administrativo que permite lograr acuerdo con los acreedores para obtener el beneficio de pagar con menos intereses, con más plazo, entre otras alternativas que permiten bajar la carga financiera mensual”, dice.

Con estas nuevas posibilidades, proyecta que habrá entre un 25% y un 40% más de demanda de renegociaciones, solo con la inclusión de quienes emiten boletas de honorarios. 

“Esperamos que con esta reforma, más empresas con problemas de solvencia puedan seguir operando, especialmente las de menor tamaño, ya que existe una reorganización simplificada de menor costo para este segmento de la economía y que se caracteriza por tener menos barreras de acceso y ser menos burocrática”, dice Sánchez.